Los inmigrantes a los que AIMA les niega la residencia pueden ser expulsados ​​de Portugal

Los expertos dicen que, para evitar que llegue a este punto, los inmigrantes deberán recurrir administrativamente, o incluso judicialmente.

Los inmigrantes cuyas solicitudes de permisos de residencia en Portugal han sido rechazadas por la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) podrían ser formalmente invitados a abandonar el país de manera voluntaria. Esta medida, según expertos consultados por PÚBLICO Brasil, se considera la etapa final —y lamentable— del proceso. António Leitão Amaro, Ministro de la Presidencia del Consejo de Ministros, informó que, durante los primeros tres meses del grupo de trabajo lanzado en el Centro Hindú de Lisboa, se evaluaron 221,000 solicitudes, de las cuales 108,000 fueron rechazadas. La razón principal de estas negativas fue el impago de tasas obligatorias, como la tasa biométrica.

La carta de salida voluntaria de Portugal es un mecanismo utilizado por el gobierno para abordar a las personas que se encuentran en el país de manera irregular. La abogada Catarina Zuccaro explica que todos los inmigrantes que no logren revertir las decisiones negativas de la AIMA pasan a formar parte de una lista de personas que podrían ser formalmente invitadas a abandonar el territorio portugués. “Quienes reciben esta notificación tienen un plazo de 20 días para salir de Portugal”, afirma. Si esta invitación no se cumple, el gobierno puede adoptar medidas más estrictas, como la deportación.

Sin embargo, existen formas de evitar acciones tan drásticas, según explica Catarina. Una opción es impugnar las decisiones de la AIMA, ya sea por la vía administrativa o judicial. De este modo, los 108,000 inmigrantes cuyas solicitudes fueron rechazadas pueden solicitar una revisión de sus casos, incluyendo el pago de las tasas obligatorias. No obstante, es crucial que los solicitantes actúen con rapidez, ya que los retrasos en las solicitudes de reconsideración aumentan la probabilidad de que la decisión negativa se torne definitiva. “Muchos ya están siendo notificados para resolver asuntos pendientes, especialmente relacionados con la falta de documentos”, señala Catarina.

La abogada Larissa Belo subraya que aceptar la negativa de la AIMA sin cuestionarla no es recomendable. Según ella, el Código de Procedimiento Administrativo (CPA) exige que cualquier decisión administrativa sea comunicada formalmente a las partes involucradas, explicando los motivos del rechazo. Esta notificación debe enviarse a las direcciones registradas por los solicitantes y su recepción debe formalizarse con una firma en un recibo, conocido como la “hoja rosa”. Este documento es esencial para fundamentar recursos contra las decisiones de la AIMA. Los plazos para impugnar las negativas varían entre 30 días hábiles y tres meses, dependiendo del caso específico.

Larissa también aconseja a los inmigrantes tomar medidas proactivas para prevenir posibles problemas en sus solicitudes. “Si alguien no pagó una tasa porque no recibió la notificación, debería enviar una carta registrada a la AIMA solicitando aclaraciones sobre la dirección a la que se envió el aviso. Al recibir esta correspondencia, un funcionario de la agencia deberá firmar un recibo, que servirá como prueba para apelar la decisión”, destaca Larissa, recomendando esta estrategia como medida preventiva.

La abogada señala que uno de los problemas recurrentes es el uso de direcciones de terceros al registrar expresiones de interés, lo que a menudo provoca que las notificaciones se pierdan. Además, Larissa observa que, debido a la falta de una campaña gubernamental clara sobre la necesidad de pagar las tasas, muchas personas que recibieron avisos de pago los ignoraron, creyendo que se trataba de fraudes, algo común en la era digital. “Es esencial que quienes se sientan perjudicados cuestionen formalmente las decisiones de la AIMA”, enfatiza.

El abogado Alfredo Roque, de VE Consultoría, considera que una parte significativa de las 108,000 negativas podría haberse evitado si el personal de los centros de apoyo de la AIMA tuviera mayor autonomía. Según él, estos centros han estado funcionando únicamente como puntos de recolección de documentos, y los empleados que trabajan allí no tienen autoridad para verificar si las solicitudes están completas y cumplen con los requisitos de la agencia. “Los errores solo se detectan después, durante la revisión interna por parte del personal de la AIMA”, explica Alfredo.

Catarina Zuccaro comparte esta perspectiva, añadiendo que, a pesar de los esfuerzos por reducir el retraso de más de 400,000 casos, los inmigrantes siguen siendo afectados por deficiencias en el servicio. “Muchos de los problemas en la documentación podrían resolverse directamente en los centros de apoyo si el personal estuviera mejor preparado y tuviera más autonomía”, critica. Ante esta realidad, Catarina subraya la importancia de apelar las negativas para evitar consecuencias más graves, como la notificación para abandonar Portugal de manera voluntaria.

FONTE:JORNAL PÚBLICO