“AIMA crea inmigrantes de 1ª y 2ª clase, y los ganadores son los abogados”, dice jurista

Los abogados cobran entre 1.000 y 1.500 euros por acudir a los tribunales y garantizar el servicio a sus clientes en la agencia de migración. Mientras tanto, los más pobres se quedan atrás.

La incapacidad de la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) para atender a los inmigrantes en Portugal con la rapidez necesaria ha creado, según la abogada Beatriz Sidrim, ciudadanos de primera y segunda clase. Ella afirma que los principales beneficiarios de esta desalentadora situación son los abogados, que cobran entre 1.000 y 1.500 euros (aproximadamente 6.000 a 9.000 reales) para presentar demandas en los tribunales, permitiendo que sus clientes avancen en la fila de atención. "Quienes pueden permitirse pagar un abogado pasan al frente, mientras que los más vulnerables, que no pueden, quedan atrás", critica Sidrim, señalando la gran injusticia social en juego.

Esta misma percepción es compartida por Timóteo Macedo, de la Asociación Solidaridad Inmigrante. Él relata que hay casos de personas que, después de solo cuatro a ocho meses en Portugal, ya tienen sus documentos, mientras que miles de inmigrantes han estado esperando el servicio de la AIMA durante más de dos años. Macedo cree que en un sistema donde el dinero tiene más peso, muchas personas están quedando en situaciones difíciles, ya que, sin la documentación adecuada, no pueden acceder a trabajos dignos ni a servicios públicos. Argumenta que es necesaria la intervención estatal para cambiar esta realidad.

Macedo, quien visitó Alentejo el pasado domingo para conversar con inmigrantes que trabajan en la agricultura, compartió relatos preocupantes. Muchos de estos inmigrantes, que aceptan trabajos temporales como la plantación y la cosecha, son abandonados en las calles cuando el trabajo termina, sin ningún tipo de apoyo. Aquellos que no tienen documentación son los que más sufren, enfrentando el riesgo de deportación con la posible creación de una unidad de policía fronteriza, una propuesta que está siendo revisada por la Asamblea Nacional.

Incluso los abogados reconocen que la incapacidad de la AIMA para atender a los inmigrantes —hay unos 400.000 casos pendientes— ha creado una industria de demandas en el Tribunal Administrativo y Fiscal, amenazando el funcionamiento del sistema judicial. Alfredo Roque, abogado de VE Consultoría Jurídica, destacó que entre la tarde del 16 de octubre (miércoles) y la mañana del 17 de octubre (jueves), se presentaron 500 demandas contra la AIMA. Advirtió que existe el riesgo de un colapso en el tribunal.

Timóteo Macedo también señala que los abogados se benefician en ambos lados. Primero, defendiendo a los inmigrantes que pueden permitirse demandar a la AIMA, y segundo, proporcionando servicios a la propia AIMA, que contrató a un bufete de abogados para responder a las demandas legales por 200.000 euros (aproximadamente 1,2 millones de reales). "Todo está mal", concluye Macedo, mientras organiza una gran protesta para el 25 de octubre frente a la Asamblea Nacional, en defensa del retorno de la "manifestación de interés", un proceso que permitía a los turistas en Portugal expresar su deseo de quedarse en el país, mecanismo que fue abolido por el gobierno.

Beatriz Sidrim defiende que la AIMA debería priorizar los servicios para los inmigrantes más vulnerables, algo que, según ella, podría facilitarse a través de asociaciones que trabajan con esta población. El gobierno ha establecido asociaciones con algunas de estas organizaciones y, desde septiembre, ha abierto 10 de los 15 nuevos centros de servicio de la AIMA. Con esta infraestructura adicional, el Estado se ha comprometido a eliminar la lista de espera para el final del primer semestre del próximo año. Sin embargo, los resultados prácticos aún no se han visto, como reconoce la abogada.

Fonte: www.publico.pt